Ese organismo que debería proteger a los salteños, se convirtió en estos días en el nuevo objeto de deseo de toda una camada de figuras con pasado gris, presente incierto y futuro sostenido con hilo de presupuesto estatal si o si.
La lista de inscriptos al cargo parece más una lista de políticos desesperados por seguir cobrando del Estado, que una selección de personas comprometidas con los derechos humanos, la transparencia y la justicia social. Si el pueblo esperaba que lo defendieran, lo que consiguió fue un desfile de aspirantes a tener su oficina con aire, secretaría y viáticos.
Ahí está, firme, Martín Del Frari, actual concejal, quien alguna vez se paró como crítico del poder, y ahora abraza a Gustavo Sáenz como si fuera San Cayetano. Qué son unas cuantas contradicciones cuando hay un sueldito de por medio.
También figura Matías Posadas, que en la última elección no juntó ni los votos de la familia, pero sigue haciendo méritos para volver a la nómina del Estado, aunque sea como Defensor del Pueblo… o del Sueldo, lo que venga primero.
Y no podía faltar el inefable Ramiro Angulo, exfuncionario de Bettina Romero, cuyo legado en la gestión dejó más dudas que certezas, pero con aspiraciones intactas de sentarse otra vez en un cargo público —de esos que no piden rendición de cuentas pero sí currículum “ajustable”.
El catálogo de nombres continúa con algunos que uno tiene que googlear para confirmar que efectivamente existen, y otros que hacen pensar que la ordenanza debió exigir también un test de pudor antes de anotarse. Hasta Ángel Sarmiento, ex Director General de Políticas Penales, imputado en la causa que investiga el ingreso ilegal de Darío Monges a la cárcel de Orán, busca tener el para nada despreciable carguito.
Los requisitos formales son: ser ciudadano argentino, residir en la ciudad, tener experiencia pública, y no estar emparentado con concejales. Pero ningún reglamento impide que se postulen personajes sin un gramo de decencia ni trayectoria en defensa de nadie más que de su bolsillo.
Y mientras estos aspirantes sueñan con un cargo donde puedan aparecer una vez al año en los medios para decir que “acompañan al vecino en sus reclamos”, el verdadero pueblo sigue esperando que alguien lo defienda en serio.
Por ahora, lo que hay es una fila larga de personas que buscan un refugio con título rimbombante, una changa con nombre noble, una oficina donde hacer la plancha con respaldo institucional.
Se llama Defensor del Pueblo, pero la verdadera competencia es por el Defensor del Conchavo.(opinorte).
NR: Un cargo de los que no deben existir, un cargo que solo sirve para engrosar la estructura municipal, un cargo que depende del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. Duran cuatro (4) años en sus funciones y podrá ser reelecto con el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Concejo Deliberante. Dicen que tienen como función principal la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos y la atención a quejas sobre la administración pública y la promoción del ejercicio de los derechos humanos en la comunidad, funciones que desde la creación nada se vio. Un cargo irrelevante de los que solo sirven para tomar café y cobrar el sueldo.