El gobernador Gustavo Sáenz logró, en cierta manera, eliminar la intermediación hacia Milei a través de Alfredo Olmedo, que por ahora se encuentra desaparecido del ámbito político en Salta, y en la Nación, mediante la entrega del denominado Pacto de Güemes (más bien el “Pacto de los Amigos”), donde presenta una serie de propuestas que solo son reclamos de dinero hacia la Nación.
Sin embargo una de las propuestas según se informó, es la ampliación de la ley de coparticipación para que pueda tener una mejor distribución de los recursos, seguramente es la que hace un tiempo pretendía incorporar el gobernador anterior con el mismo ministro actual de la gestión Sáenz.
Pero parece que no entienden que la idea no es ampliar la distribución (recibir más dinero) de recursos mediante una nueva estructura de prorrateo que favorezca a la región del norte, sino que lo que se debe hacer es la “eliminación de la ley de coparticipación”, buscando un nuevo rol tanto de los Estados provinciales como el de Nación.
Desde la Constitución liberal de 1853, con mayor razón cuando no existía la organización nacional, no existía una coparticipación de impuestos, nuestro país funcionaba sin distorsión alguna, recién en 1934 se implementó el régimen de coparticipación de impuestos.
Ello ocurrió porque se incorporaban al Estado nacional nuevas provincias y muchas de ellas eran inviables en su administración, luego había que encontrar un mecanismo que les permitiera sobrevivir sobre todo a esas provincias, que no podían resolver sus problemas como tal.
En ese sentido, la coparticipación lo único que deja es la existencia de un sistema tributario inviable, una fuerte presión nacional, el peregrinar obligado de las provincias para obtener recursos y sobre todo un fuerte rechazo del ciudadano por su insatisfacción integral.
Luego no es absurdo preguntarse ¿Por qué no eliminar esta forma de distribución?, dado que solo importa a las provincias que carecen de una forma correcta de administración, provincias que no funcionan si no se les distribuyen recursos de la Nación o de otras provincias.
Por lo tanto se debe volver a los orígenes de nuestra Constitución, como Confederación y que cada provincia se financie con los impuestos que cobre en su territorio, esto no es alocado, al contrario permitirá definir los roles actuales de las Provincias y de la abusadora Nación.
Nuestro país, nació Confederal sin coparticipación impositiva, aún más cuando en el año 1862, se incorpora Buenos Aires a la Confederación, se establece que el Estado nacional se financiaría con las rentas del comercio exterior y las provincias con los impuestos internos que cobraran. Esto funcionó por muchos años, hasta que la crisis del 30, y la caída del comercio exterior impactó en el Estado nacional, por lo que se dispuso que la Nación se financie también con impuestos internos de las provincias, y así se dio a luz la coparticipación. A partir de allí se dio un mecanismo de distribución entre el Estado nacional y las provincias y entre las provincias, y que con el devenir del tiempo se fueron modificando hasta alcanzar la ley 23548 en época de Alfonsín.
La realidad es que la actual distribución de recursos, según un informe del Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) genera una injusta asignación a las provincias o regiones, donde cierto es que la incorrecta asignación por población genera asignación incomprensibles, justamente por la forma macro cefálica de nuestro país.
Así la zona de la provincia de Buenos Aires y CABA, donde se concentra la población reciben un importe menor al que le correspondería por personas reciben un 25% de la masa coparticipable para una zona donde viven el 45% de la población. Y si dividimos el país en norte y centro sur, las provincias del norte reciben un 34% de los recursos con una población del 22%, y en la otra región reciben un 41% de coparticipación donde viven un 33% de población.
Si bien es cierto que con esta distribución se perjudica Buenos Aires y CABA, no es menos cierto que es la zona más productiva del país, donde se concentró en el tiempo una población que llegó del interior, y que el mayor importe de distribución en función población es para tratar de desconcentrar ese gran nivel de actividad y población, hacia el interior.
Por cierto que la asignación de recursos de esta manera no es fácil y genera discusiones políticas a la hora de indicar los coeficientes que le toca a cada provincia, mostrando la complejidad a la hora de aplicar la ley de coparticipación.
A pesar que en la Constitución de 1994, se buscaba una nueva ley de coparticipación, ella es prácticamente imposible de generarla, en virtud de que las provincias que son más beneficiadas seguramente se resistan a perder privilegios.
Por lo tanto no pretendamos ampliar y modificar la forma de distribución de los recursos a través de una ley coparticipable, la solución que se pretende es volver a una forma organizativa Confederal como fue en el origen de nuestra República, donde no exista la coparticipación y se dé una separación de las fuentes tributarias de cada provincia.
Justamente la situación de crisis a la que arribamos hoy en día se debe precisamente a la forma en que se asignan los recursos de los denominados coparticipables. Estos nunca favorecieron, a las regiones más postergadas, al contrario vemos que arribamos a tener dirigentes políticos ricos y ciudadanos pobres, se transfieren millones de pesos sin embargo vemos como se encuentra nuestra provincia, tanto en el centro, norte y sur, nunca se avanzó.
Así, es hora que nuestra provincia rica en todo sentido no mendigue como se presenta en el “Pacto de amigos y casta”, pretendiendo una nueva distribución de la ley de coparticipación, sino que debe abocarse a eliminarla y volver a nuestros orígenes proponiendo una buena reforma tributaria a nivel nacional y provincial.
En dicha propuesta se debe incluir que las provincias cobrarán la totalidad de los gravámenes que le correspondan a cada una como impuestos directos o indirectos, en función de la radicación poblacional o jurisdiccional de las personas jurídicas. De esta manera se unificarán con el cobro del IVA, los ingresos de otros impuestos provinciales y municipales. Para el Estado nacional deberá crearse un fondo compensador que garantice el mínimo actuar del mismo integrado por recursos provinciales, o sea el sostenimiento del Estado nacional por los Estados provinciales y además para las provincias inviables también generar un fondo compensador que en una primera etapa le garantice el mismo nivel de recursos actuales.
Solo así no nos resignaremos de ver como los ingresos de los salteños se van al sur y a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan no podemos salir de nuestro estancamiento y subdesarrollo. Luego NO ES AMPLIAR la distribución de la coparticipación, como propone nuestro Gobernador, SINO ELIMINAR, como se proponen ahora.
Luis H. Gorritti