La idea de crear desde el gobierno una fiscalía anticorrupción a nivel nacional o provincial no es nueva. A nivel nacional no es más que volver a la antigua Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) creada en 1962, que tras su olvido tuvo su apogeo en el gobierno de Alfonsín tras la sanción de la ley 11265. Es allí donde este organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas de funcionarios públicos tuvo su momento histórico, pero luego dejó de ser protagonista en esos temas, sea por desidia o por instrucciones. Por otra parte a nivel provincial es claro que no es competencia del gobierno nacional de introducirse en los delitos provinciales, salvo que se federalice el delito, para lo cual necesita de otras cuestiones.
Así en el 2015, a través de ley 27148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, resolución mediante de la Procuración General se dispone la conversión de la FIA en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con nuevas funciones y competencia, pero que hasta la fecha no ha cumplido su objetivo. También en este periodo existe la Oficina Anticorrupción que viene desde 1999 dependiente del Ministerio de Justicia en el Poder Ejecutivo, pero sin claridad de actuación por el manejo del gobierno de turno. De esta manera el actual gobierno pone énfasis en esta fiscalía a tal punto que el vocero de prensa Adorni adelantó diciendo «Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito. Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio.
La creación de este organismo fue consecuencia de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que en su art. 36 introdujo el tema de la “corrupción”, indicando que deberá sancionarse una ley de Ética Pública, que se cumplió con la ley 25188, siendo la autoridad de aplicación la Oficina Anticorrupción. Es decir que a nivel nacional lo planteado ya existe solo hay que adaptarlo, tanto en el ejecutivo como en el judicial.
En Salta
No deja de sorprender, que desde la nación miren a las provincias, sin embargo los temas provinciales son provinciales, y solo federalizando el delito podrían inmiscuir en la provincia. Sin embargo, en tiempo democrático con la reforma constitucional en Salta de 1998 se incorpora en el art. 61 el problema de la ética con rango constitucional, agregando en su art. 62 la incompatibilidad e inhabilidades imponiendo una sanción a los incumplidores, de exoneración.
Sin embargo en nuestra provincia no existe una ley de Ética en general para los funcionarios públicos, solo se reguló en forma parcial con la ley 7905, la ley 3382 y su modificatoria ley 6547 sobre las declaraciones juradas de los funcionarios. También en la ley de ministerios se encuentra regulada incompatibilidades e inhabilidades, es decir que las normas éticas se encuentran dispersas, no existiendo a nivel ejecutivo provincial una Oficina Anticorrupción como a nivel nacional. Sin embargo el actual gobernador cuando fue intendente creó una Oficina Anticorrupción en el ámbito municipal que fue para la tribuna, y que en la intendencia posterior, Bettina Romero la eliminó.
Es decir que en materia de control anticorrupción, en el ámbito provincial no existe. En la Procuración General se creó la fiscalía de delitos económicos, en la cual se engloba los distintos tipos de delitos económicos complejos, esta fiscalía actualmente es la encargada de investigar los delitos contra la administración pública, que por cierto, deja mucho que desear, las denuncias que llegan duermen el sueño de los justos terminando por prescribir, tras recorrer los niveles recursivos judiciales o terminan siendo archivadas, eso sí, con premios a los fiscales actuantes que son designados en mejores cargos, como pasó con el fiscal Akemeier. Esto ocurrió en diversas causas contra Juan Carlos Romero, contra los intendentes de diferentes localidades y otras causas contra funcionarios del gobierno de Juan Manuel Urtubey. Con el nuevo gobernador no se presentaron denuncias contra los funcionarios corruptos del gobierno de Urtubey que se enriquecieron con la nuestra.
Como lo dijimos anteriormente, también en su oportunidad, se creó por decreto en la municipalidad de la ciudad de Salta, la Oficina Anticorrupción que estuvo a cargo del actual procurador Pedro García Castiella. Sin embargo fue una oficina anodina que en cuatro años que estuvo nada se hizo. Solo hubo denuncias insignificantes en la mayoría de los casos de cohecho de empleados municipales, y la única denuncia fuerte que llegó fue el caso “Huergo” o de las «facturas truchas», en el 2019. Una causa que hasta el día de hoy espera por problemas de competencia su prescripción de ciertos hechos. Castiella hoy se encuentra a cargo de la Procuración General, y los fiscales dependientes llevan adelante la investigación de sus ex compañeros municipales, de esta manera observamos que en aquel periodo no hubo respuesta sobre el tema de esa oficina municipal a su cargo, y ahora desde su cargo en la Procuración ¿Dará respuesta?.
Como vemos las causas delictivas contra la administración pública en nuestra provincia no avanzan en los distintos gobiernos desde el regreso de la democracia, sean peronistas o renovadores y esto de crear una fiscalía especial de delitos de corrupción al Estado, lanzado por Mariano Cúneo Libarona cayó como un balde de agua fría.
Si bien el gobierno nacional no tiene por ahora incidencia en este tipo de delitos provinciales –a menos que lo federalice, que no estamos de acuerdo-, no es menos cierto que la lucha actual contra la corrupción de los funcionarios y la casta –política, empresaria, periodística etc.- debe profundizarse tanto en una investigación de los gobiernos anteriores y hacia el futuro. Para ello la Procuración debe tener muestras de independencia y de compromiso real de honestidad, ya sea creando una fiscalía especial para estos delitos o una sección especial en la fiscalía de delitos económicos complejos existente.
Las normas constitucionales provinciales, sea por el art. 5 o 61, como las demás normas dispersas sobre ética, son totalmente desconocida por los propios funcionarios que asumen, mucho más sobre los delitos de fraude a la Administración Pública, por ello la noticia nacional en contra la corrupción llega en un momento justo para poner en funcionamiento las oficinas investigativas y reflotar las causas estancadas para evitar sus prescripciones, estableciendo en su caso, las sanciones que correspondan a los fiscales que actúan. Pero para ello quienes tienen el deber de controlar e investigar deben ser responsables por su actuación, con duras sanciones, enmarcadas en las nuevas normas a dictarse. Así el gobierno de Milei reflotó viejas reglas del pasado pero con una mirada nueva hacia el futuro.