La Auditoría General de la Provincia es el organismo de control externo de la provincia, que reemplazó al Tribunal de Cuentas en un esquema de tener auditorías internas y externas, como la parte privada, agilizando el control.
Así la Auditoria General fue creada tras la reforma constitucional del año 1998, con el propósito de controlar la hacienda pública provincial y municipal y cuenta con independencia funcional administrativa y financiera, hoy sus integrantes son el Dr. Gustavo Ferraris, decaído en este puesto luego de su paso por la Corte de Justicia de la mano de J.C. Romero; Cr. Javier Cancinos de la mano de Sáenz se le dio como premio tras el hecho ocurrido a su hija Gala, Dr. Marcos Segura Alzogaray, un acuerdo político con en las últimas elecciones con Mas Salta; Lic. Abdo Omar Esper, la zaga del romerismo padre que quedó para obtener la jubilación; y Dra. Elsa del Valle Pereyra Maidana, hija de la exdiputada nacional por Salta Elsa Maidana, en un acuerdo con Salta Independiente y PRS en las últimas elecciones.
Por otra parte también fue creada la denominada Sindicatura General de la Provincia como una entidad dependiente del Poder Ejecutivo a modo de Auditoria Interna, que así se conoce en la actividad privada. Esta dependencia se encuentra integrada por el Cr. Federico Mateo, como Síndico General; Cra. Adriana Villada, hermana del ministro de gobierno Ricardo Villada; como Coordinadora General; Cra. Nelda Alzueta, familiar de Hernán Cornejo; como Gerente General Contable; Dr. Gonzalo Antonio Salado, como Gerente General Jurídico; Cr. Rodolfo Paz Moya, como Auditor de Proyectos Especiales; y Cr. Ariel Zelaya, como Auditor Interno.
De esta manera el elefante blanco creció de golpe, con una estructura para todo gusto, se llenó de contadores, abogados, ingenieros etc. etc. que con el tiempo hasta hoy, solo se pudo vislumbrar que fue la creación de una burocracia sin objetivos, ni idea en la búsqueda de control de la hacienda pública. La AGP, de rango constitucional, debía ser de calidad institucional, junto a su reforma, pero solo quedó en deseos.
La Auditoría General en todos estos años desde su creación no consiguió las expectativas con la que fue creada, al contrario durante este tiempo fue funcional a los gobiernos de turno y actualmente aparecen nuevas sombras que empañan la pretendida calidad institucional y sólo muestra que es una institución más al servicio de las autoridades vigentes.
Durante estos tiempos se fue viendo cómo se designaban funcionarios en este organismo, que si bien se decía autárquico, tenía una relativa dependencia del Poder Ejecutivo. Así desde la designación de los auditores, que en su gran mayoría son propuestos por el oficialismo a pesar de una supuesta distribución entre diversos partidos políticos oficialistas y de oposición, hasta la designación de los empleados surgen de decisiones dirigidas y no como lo establece la Constitución, por concursos..
Por cierto que sus amplias facultades de “control”, sobre toda la hacienda pública, y en especial los municipios, le permite al gobernante de turno, poder tener cierto control sobre dichos estados municipales y allí se pone la mirada.
Si se ve la página de la institución (AGP), es una página desactualizada con sus informes viejos y atrasados, sobre informes de gestión, que algunos contienen graves faltas en su accionar, pero todo queda dormido, nadie continúa ni insta los procesos siguientes. Denuncias penales, no les interesa.
Es por ello, que la falta de homogeneidad en el accionar de las comisiones de auditoría llevan a que las denuncias sobre intendentes sean solo relativas, solo “caza bobos”, caen aquellos que no pueden defenderse, y los condenan, mientras que otros lograr continuamente evadir las denuncias que interponen particulares, dado que el organismo AGP, por lo general nunca presenta las denuncias de las irregularidades verificadas.
Así, intendentes y funcionarios de municipios de primera, como Tartagal, Rosario de la Frontera, Güemes, Quijano, Capital, aunque son medidos con distintas varas logran zafar, sin embargos otros municipios de tercera, son los chivos expiatorios para justificar el actuar de la justicia, como Islas de Caña, Angastaco, Iruya y otros.
Pero a pesar de ello, siempre es conveniente que el organismo esté a disposición del gobierno de turno y para poder seguir haciendo crecer el elefante blanco y crear puestos claves a fin de asegurarse en el futuro cuando ya no estén, espacios para poder maniobrar supuestas denuncias que se hicieren.
En ese marco el Organismo a cargo del romerista Gustavo Ferraris se decidió crear el área de Planificación cuya tarea será la de coordinar la elaboración del “Programa de Acción Anual de Auditoría”, es decir será la encargada de decir que y a quien se va auditar en el tiempo.
Para ello hay que empezar designando alguien de confianza, en este caso se utilizó puro nepotismo, se designó a la contadora Adriana Estela Villada hermana del ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, el ingeniero Ricardo Villada, un funcionario por demás político.
Esta funcionaria, flexible, que vive del Estado desde hace tiempo, deja ahora su cargo de coordinadora de la SIGEP siendo desafectada para prestar servicios en la Auditoría General, de esta manera no se llama a concurso del cargo creado, como dice la Constitución, simplemente se la elige.
Esto marca, un nuevo avance en cooptar espacios en una dependencia que se ha vuelto política con mayores puestos oficiales, para el control posterior al 10/12/27, en un trabajo de control de municipios en el tiempo 2025 al 2027.
Así, lo más importante es que nada interesa en disminuir el elefante blanco, al contrario, se sigue aumentando la planta de personal y con allegados, y se encuentran lejos de disminuir el gasto público, que exige el gobierno nacional. Adriana Villada es un peón para ello. Por lo tanto siga…siga..siga …el baile.