Desde diputados se informó a la prensa que esta semana podrían terminar de conformar una comisión, con legisladores con funcionarios del gobierno provincial, para estudiar modificaciones a la ley que crea el Instituto Provincial de la Salud (IPS) de Salta.
“El que fue enviado a la Legislatura no se va a tratar”, dijeron que no se tratará y el mismo gobernador Sáenz anunció el retiro del proyecto que quitaba la obra social del IPS a quienes se jubilen como trabajadores del estado provincial o municipal y que actualmente son afiliados forzosos de esta obra provincial. El proyecto también preveía que solo se iban a hacer descuentos de receta sobre el precio de medicamentos genéricos y no de marca.
Los repudios y críticas no se hicieron esperar y hasta la UPCN había convocado para hoy, día de sesión en Diputados, a una marcha desde la sede de la obra social hasta la Legislatura.
Pero los ánimos parecían haberse calmado ayer tras la reunión del gobernador con los referentes de la mayoría de los sindicatos que representan a los empleados estatales.
Sáenz dio por hecho que, tras su discurso del viernes pasado, en el que se mostró angustiado por las reacciones que tuvo su proyecto, se había entendido que la iniciativa había sido retirada.
La incomprensión de sus acciones en este caso particular, se acumula desde el momento que presentó el proyecto. La redacción dejaba claro los empleados estatales de la provincia quedarían sin la obra social del IPS una vez que se jubilaran. Y también buscaba salvar los costos de los medicamentos con la receta de genéricos y no de marcas de la industria farmacéutica.
Entre las explicaciones que dio por el déficit que arrastra la obra social provincial (y que en febrero pasado era de 25 mil millones de pesos), señaló que la última devaluación provocó aumentos en los medicamentos de entre el 500 y 600%; además de la sobrefacturación de algunas clínicas, y las bajas cuotas.
Afirmó que se dispondrán auditorías dado que hay clínicas que facturan más tiempo del que realmente se interna a un paciente o por una multiplicidad de estudios, a veces innecesarios. “Es necesario auditar y no se enojen cuando lo hagamos porque estamos defendiendo a nuestros afiliados y a sus derechos de ser atendidos dignamente”, argumentó.
Por otro lado, también expuso sobre los aportes de afiliados: “Mientras en el sector privado un grupo familiar paga por la cobertura médica entre 600 y 900 mil pesos, en el IPS muchos que tienen sueldos altos, pagan entre 20 y 30 mil pesos”, afirmó.
El gobernador convocó a debatir sobre la obra social y dijo que deberá ser un tema a tratar entre legisladores, funcionarios y los responsables de la intervención de la obra social, en cabeza de Emilio Savoy.