Por Luis Gorritti
Cuando en derecho se presenta lo que se denomina la anomia legal implica que ya existe una degradación del sistema legal por la falta de vigencia de las normas es lo que los griegos llamaban anomos “ausencia de ley”.
Esto ocurre con un tema fundamental de nuestra Constitución Nacional, tras la reforma constitucional operada en 1994 referente a la Ley de Coparticipación Federal.
Lo ordenado y establecido en la ley de fondo sobre este tema, era la de sancionar una nueva Ley de Coparticipación nacional, pero esto no pudo ser llevado hasta la fecha -treinta y dos años-, por quienes tenían la obligación de hacer cumplir ese mandato ciudadano establecido en la reforma de la ley madre.
Así, ese mandato no se cumplió y su violación actualmente se consolida a través de su aceptación como una vivencia general, que lógicamente produce una separación entre los objetivos queridos de la sociedad y los medios legales empleados por quienes tenían la obligación de hacerlos cumplir. Esto ocurre en nuestra Constitución Nacional con la Ley de Coparticipación Federal de 1994.
En estos largos años los dirigentes políticos no fueron capaces o no existió una voluntad política de llevar adelante el mandato establecido sobre un Pacto Federal en la distribución de los ingresos del país.
De esta manera durante estos treinta y dos años de anomia legal permitió el fracaso del federalismo, con las promesas incumplidas, a pesar de que actualmente se insiste en ese sistema que cada vez los gobernadores de las provincias insisten su funcionamiento a través de un esquema transitorio quedando pendiente la promesa incumplida.
Sin embargo la introducción de la obligación constitucional de una nueva distribución de los recursos fiscales entre Nación y provincias en el artículo 75 inc. 2 de la C.N. tenía un tiempo el nuevo régimen basado en criterios objetivos, equitativos y solidarios debía concretarse antes de finalizar 1996 y como vemos ese plazo venció hace ya cercano a los treinta años y nunca se aprobó una ley en tal sentido.
Este es el gran fracaso federal donde la Ley Madre ordena y los políticos desobedecen, en el rango del tiempo, todos pasaron por alto esta manda, realizando sus entuertos desde Carlos Menem hasta Javier Milei, que prometía derogar la ley de coparticipación, todos siguieron con la transitoriedad de dicha ley, buscando y manteniendo un sistema federal vetusto para estos tiempos.
Sin solución a la vista ya es necesario que nuestros legisladores encuentren una reforma tributaria junto a modificaciones previsionales, acuerdos fiscales que permita lograr mirar un nuevo rumbo en la forma de recaudar los recursos en el país.
El sistema recaudatorio del país no es una simple herramienta financiera de distribución, sino una herramienta de poder político de soberanía de las provincias. Esto es conocido por el centralismo político dado que quien controla los recursos controla el poder.
Quizás la reforma de 1994, buscaba consolidar un federalismo más equitativo y objetivo pero tras largos treinta años solo logró un país más unitario que nunca donde la Nación distribuye los recursos provinciales con una discrecionalidad sorprendente y arbitraria.
De esta manera los gobiernos centrales utilizaron y utilizan la distribución de los recursos a través de las denominadas transferencias extraordinarias, los fondos específicos, los adelantos del Tesoro Nacional, los programas especiales y otros mecanismos de financiamiento diferenciados a través de los cuales se premian a los aliados y castigar a los adversarios.
A pesar de que nuestras autoridades provinciales mantienen un doble discurso, para adentro el ser salteño, denuncian el centralismo, mientras que para afuera prefieren acompañar y negociar beneficios particulares antes de mantener las banderas locales, prefieren un federalismo caduco a un nievo sistema de gobierno Confederal –Representativa, Republicana,
Confederal-
De esta manera todos critican el sistema, pero pocos se animan y están dispuestos a cambiarlo. La reforma constitucional propuesta por Milei nunca se llevó a cabo y es fundamental para el cambio de los próximos años, por la frustración que nos llevó la reforma de 1994 sobre el federalismo. Así lo único que se logró que la concentración de los recursos y los beneficios sean para la Nación y la zona de centro.
Por lo tanto la falta de respuesta por los constantes problemas de distribución de los recursos lleva a que las provincias judicialicen las cuestiones, donde la Corte hace lugar a las pretensiones provinciales, pero es una cuestión que no se puede estar continuamente judicializando estas cuestiones que deben ser resueltas por la clase política a través del poder legislativo.
Ya no se trata que los recursos se distribuyan a través de una ley, sino se trata que los recursos sean administrados por las propias provincias con un aporte a la Nación y un fondo provisorio para las provincia inviables. Para ello es urgente la reforma constitucional de diversos artículos en especial del 1°, 9°, 75 inc. 12 y otros, para que nuestros Estados Confederados y Unidos, comiencen a dar soluciones sobre hospitales, escuelas, universidades, rutas, seguridad, sistemas de emergencias, infraestructura viales, energéticas y de servicios sociales.
Por ello no se trata de una pelea entre Nación y Provincia, ni de funcionarios nacionales y provinciales, sino de la forma en que debe estructurarse el sistema de gobierno argentino para que la distribución de los recursos realmente sea en forma objetiva, y equitativa por pertenecer a todos los ciudadanos.
Curiosamente todos queremos que se cumpla la Constitución Nacional, sin embargo cuando hay que cumplirla en sus obligaciones se mira para otra parte, porque afectan su propias decisiones políticas de poder.
Lamentablemente este incumplimiento en casi treinta años dejó traslucir el verdadero problema, que el sistema federal de nuestros antepasados intentando ser superador al esquema confederal existente en aquella época terminó en un gran fracaso rotundo y que hoy debe volverse a encaminarse en un sistema confederativo moderno.
El federalismo imaginado de consensos permanentes entre las provincias, no pudo ser y solo se construyó un federalismo de negociaciones políticas coyunturales, basado en un centralismo irritante, hoy en día, que concretó que las provincias unidas del Rio de la Plata se encuentren subyugadas al Poder Central.
Así, el Pacto Federal pensado en 1994 y ordenado por la CN, sigue incumplido y evidentemente está caduco, siendo superado en esta etapa, por nuevas ideas confederativas modernas.