¿Qué hay atrás de este enorme beneficio?
Cuando los gobiernos comienzan a tomar decisiones a puertas cerradas, sin explicaciones y sin debate, no estamos ante hechos aislados sino ante síntomas repetidos de una enfermedad institucional. En Salta, la reciente decisión del Gobierno de prorrogar en secreto el convenio con el agente financiero provincial no es una anomalía: es la confirmación de un patrón. Si todas las decisiones relevantes se repiten bajo el mismo método –oscuridad, improvisación y beneficio privado–, el problema no es el hecho puntual, sino el sistema que lo permite.
La renovación del convenio con el Banco Macro se incorporó de forma solapada al Presupuesto 2026 mediante un agregado tardío en la Comisión de Legislación General, presidida por Socorro Villamayor – la que no quiere tratar el proyecto de ley de narcotest para funcionarios-. La maniobra fue tan poco defendible que ni la propia presidenta de la comisión se animó a explicarla en el recinto. Es aquí donde la maniobra toma cuerpo y se evidencia con descaro, cuando una decisión pública no puede exponerse en público, es porque no resiste el filtro de luz y de ética necesario.
Aristóteles afirmaba que “el principio de toda acción es la elección”, y por lo visto el gobierno elige reiteradamente la opacidad, lo que hace crecer con rapidez a su contrincante directo la ciudadanía enfadada que pide justicia. Lo que para otras provincias es un ingreso —los bancos compiten y pagan por ser agentes financieros—, en Salta es un gasto monumental: se pagan alrededor de 30 millones de pesos por día para que una entidad privada administre el dinero público.
La magnitud se vuelve insultante cuando se la traduce a necesidades reales así lo analiza Enrique Briones en Opinorte que compara el gasto diario con el equivalente a más de una vivienda popular. En un año, hablamos de 547 viviendas perdidas, en una provincia con un déficit habitacional que supera las 70 mil unidades.
Es imposible no advertir el patrón:
- decisiones inconsultas,
- beneficios concentrados,
- costos socializados,
- y un relato oficial que siempre apela a la “crisis” mientras desperdicia recursos esenciales.
Aristóteles también nos enseñó que “la corrupción aparece cuando la virtud es reemplazada por la conveniencia”. Y eso es lo que estamos viendo: al convertir al Estado en garante de negocios privados, se renuncia a la prudencia, que para el filósofo era la primera virtud del gobernante.
Resulta insostenible escuchar que “no hay recursos” mientras se entregan ventajas extraordinarias a un banco que recibe, además, una cartera de 100 mil clientes cautivos: los empleados públicos. Ser agente financiero del Estado no es un sacrificio que haya que compensar: es un privilegio que en otras jurisdicciones se abona, no se cobra.
Si la construcción de viviendas está paralizada, si la obra pública está detenida, si los servicios esenciales se deterioran, si el IPS no encuentra salida a su crisis económica y de servicios la explicación no es sólo la crisis económica nacional sino las propias decisiones provinciales. Es claro y sencillo y muy grave: los recursos se van por decisiones políticas que priorizan acuerdos de poder antes que el interés común.
Veamos: si cada año se repiten los mismos métodos, si cada operador es siempre beneficiado, si cada decisión estratégica se oculta, entonces no es mala gestión: es un modelo político basado en la opacidad. Luego de las elecciones no hubo cambios en el gabinete solo hubo enroques, el perdedor Jarsun pasó al Ministerio de Gobierno por lo que el mensaje es sin renovación seguimos los mismos.
En Salta, la justicia —entendida como equidad y como distribución racional de los recursos— es la primera víctima de este sistema, sumado a la cooptación de lugares de poder dentro del Poder Judicial con un Colegio de Abogados que nada dice frente a tantos atropellos.
Ya se viene conversando la posible entrada de Pedro García Castiella Procurador General (jefe de fiscales) a la Corte Salteña como reemplazo de los salientes, evidentemente por los favores en la paralización de las investigaciones y Pamella Calleti ocuparía el lugar de ¨Pilin Castiella¨. Siempre los mismos no hay cambios solo se reemplazan entre ellos, lo que indica una clara asociación judicial en perjuicio del Justiciable, algo que tiene cansada a la gente.
Salta necesita un cambio profundo, no de nombres, sino de reglas. Porque si seguimos dejando que los recursos públicos se administren como si fueran favores privados, seguiremos condenados al atraso.
Y la verdadera corrupción no será entonces la de quienes se benefician, sino la de una sociedad que acepta resignada lo que debería cuestionar y que en este análisis hacemos.
Por Gorritti Franco Jorge Luis – Abogado – Analista político