La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Salta deberá avocarse a analizar el pedido de juicio político contra el presidente provisional de la Auditoría General de la Provincia, Marcos Segura Alsogaray, y su par en el organismo, Elsa Pereyra Maidana. Ambos fueron cuestionados por los procedimientos que estuvieron a su cargo en el análisis del Fondo de Reparación Histórica (FRH).
El primer pedido de juicio político fue presentado el 19 de marzo último por el diputado Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular), quien apuntó a ambos auditores. El segundo, que cuestiona solamente a Pereyra Maidana, fue presentado por el diputado Luis Albeza (del bloque oficialista Todos por Salta).
De esta manera dos de los tres auditores que quedan en la Auditoría (el tercero es Javier Cancinos), quedan cuestionados. Mientras, se espera el inicio de la selección de postulantes para cubrir las vacantes dejadas por el ex presidente de la Auditoría, Gustavo Ferraris, y el auditor Abdo Esper, cuyos mandatos se cumplieron el 13 de mayo pasado.
Durand Cornejo presentó su pedido de juicio político contra ambos auditores cuestionándoles que durante 10 años dejaron de lado la evaluación del programa del FRH sin informes definitivos a la vista. Señaló en este sentido que del presupuesto de este Fondo solo se cumplió con la ejecución del 48 por ciento de las obras.
El legislador afirmó que ambos auditores incurrieron en conductas “que configuran las causales de delitos por mal desempeño de sus funciones, los que constituyen actos de negligencia, incompetencia o fraude con afectación al patrimonio público y la confianza del pueblo salteño”.
Sin vistas a Ferraris y por baja productividad
El viernes último, en tanto, Albeza denunció a Pereyra Maidana. Dos elementos surgen del escrito presentado: la reprocha la baja productividad al momento de hacer las auditorías y, en segundo lugar, haber omitido presentar ante el presidente de la Auditoría, que era Ferraris, los informes respectivos, enviándoselos a los auditados sin cumplir con ese paso procedimental.
En el escrito, Albeza afirmó que Ferraris denunció esto último en una “nota remitida por la Presidencia de la Auditoría General de la Provincia a la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas con fecha 12 de mayo de 2026, pocos días antes de la finalización del mandato presidencial del organismo”. En realidad, la nota llegó el día antes de que Ferraris dejara su cargo.
El diputado añadió que el procedimiento que debía realizar la auditora “no consistía primordialmente en inspecciones físicas de obra, relevamientos territoriales complejos o verificaciones materiales dispersas geográficamente”, sino en un análisis financiero-documental.
“La demora superior a tres años para la emisión de un informe definitivo aparece, prima facie, irrazonable e incompatible con estándares mínimos de diligencia funcional exigibles al órgano constitucional de control”, afirmó el legislador. A ello sumó que de los registros internos de seguimiento de actuaciones de la Auditoría surge que el área a cargo de Maidana “habría registrado durante el período 2022-2025 un elevado porcentaje de actuaciones caídas o no concluidas, del orden del 57 por ciento, con 119 expedientes en situación de mora. En el período 2023-2025, sobre un total de 98 actuaciones planificadas, sólo una habría sido concluida —en el ejercicio 2023— registrándose cero conclusiones en los ejercicios 2024 y 2025”.
Es por ello que pidió que Pereyra Maidana sea sometida a un juicio político por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, y falta de cumplimiento de deberes a su cargo”.
Sin cerrar ejercicios
En diálogo con Salta/12, Albeza, que integra la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas, afirmó que la falta de los informes afecta la posibilidad de avanzar en la aprobación de los ejercicios presupuestarios 2018 y 2019.
Recordó que en más de una ocasión se solicitaron los informes a los auditores a cargo. A diferencia de Durand Cornejo, dijo que si bien tiene sus reparos respecto del informe presentado por Segura Alzogaray, en lo técnico se cumplió lo que debía. Esto implica que el informe pasó por manos de Ferraris, quien hizo sus observaciones antes de irse. La situación fue distinta con Pereyra Maidana, lo que entendió que es institucionalmente “más grave”. La conjetura es que la auditora esperó a que Ferraris se fuera.
Por ahora, se dejó de hablar de quienes podrían cubrir las dos vacantes que hay aún en la Auditoría. Los cuestionamientos a los auditores poco se condicen con la vista gorda que se hace sobre la conformación de la Comisión de Diputados que candidatea a los posibles auditores. Y es que la forma en la que está actualmente integrada (y como siempre sucedió) va en contra de lo establecido por la Constitución provincial.(Salta12)