Pobre Auditoría
Increíble pero cierto, con fecha 19 de agosto y publicado en su página web el 7 de setiembre a través de la Resolución N° 57, la Auditoria General resolvió “Aprobar” el informe especial sobre una auditoría financiera y de legalidad en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, del ex Ministerio de la Primera Infancia, requerida por la Cámara de Senadores en febrero de 2020. Una auditoría que no dice nada de fondo simplemente, deja ver fallas de control interno en los pagos sin rendición, dejando recomendaciones de control para un ministerio que ya no existe. Más de dos años para nada. ¿Y el incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos?
Esta auditoría fue pedida por la Cámara de Senadores, integrantes en su oportunidad del gobierno de Urtubey, y al solo efecto, como se observa, de tener un argumento de decir que se hizo una auditoría en el ex Ministerio de la Primera Infancia, que es duramente cuestionado por el mal gasto de sus recursos. El Ministerio de la Infancia fue creado en 2014, con el verso de ser un modelo único en la lucha contra la desnutrición, Las autoridades sanitarias sabían que era un fracaso, pero era una supuesta manera de desviar dinero en su gestión, para ello utilizaron el modelo CONIN, como si fuera la panacea. Lo cierto es que se destinó muchísimo presupuesto con la creación de este ministerio, se hicieron estadísticas y se recolectaron numerosos datos que hasta posterior a su ida, su responsable el Cr. Carlos Abeleira (jr.) (“Charly”), no quería entregar los relevamientos realizados por el gobierno, y los consideraba propios.
Tras la partida del gobierno anterior (10/12/19), llegaron amigos, y como tal en febrero de 2020, desde el Senado se pidió una “Auditoria” al ex ministerio, pero dicha auditoría –más que una auditoría era una pericia contable- tenía dos puntos concretos a modo de justificar el pedido. Así se pidió dos puntos: 1.- verificar las transferencias realizadas a la fundación CONIN u otras entidades que hayan realizado trabajo mancomunado con la misma y 2.- si se realizaron las respectivas rendiciones.
Como se ve en un control financiero y de legalidad, es obvia y simple la respuesta. Salvo que sean totalmente inoperantes, la salida de dinero a las entidades beneficiadas siempre se encontrarán registradas, además siempre los beneficiarios se olvidan de rendirlas, o la hacen tardíamente, porque nadie les requiere. Así con estos puntos, estaba cantada la respuestas y todo quedaría justificado, en la actuación del ex ministerio de la Primera Infancia, sin responsabilidades para sus integrantes.
De esta manera nada se analizó sobre casos muchos más relevantes, realizar una auditoria en serio del organismo. Partir ¿Cuál es el presupuesto otorgado desde su creación y como se aplicaron dichos fondos?, tanto en la construcción de Centros comunitarios, en el gasto de mercaderías y equipamiento, en prevención sanitaria, los gastos de política de prevención, los gastos de estudios estadísticos de los que se jactaba “Charly”. En definitiva ¿Cómo?, ¿Dónde? ‘Quienes fueron sus beneficiarios?. Y si sus valores fueron adecuados. Nada se hizo.
El informe de Auditoría
El organismo constitucional, emite un informe de farragosa lectura que presenta al Senado a su presidente –vice gobernador Antonio Marrocco-, justamente integrante del gobierno de Urtubey, que como hábil político, a sabiendas pide los puntos periciales propuestos. Así el informe, contesta lo obvio: A CONIN no se le hizo transferencia y que los ingresos se dieron solamente a tres organizaciones: Fundación NUTRIR –Salta-; Fundación El Fortín –Tartagal- y Asoc. Civil CRECER –Metán-, estas dos últimas no se encuentran en el decreto 1499/13 firmado en su oportunidad, en el programa de mejoramiento de merenderos. La pregunta obligada. ¿Qué pasó con el resto de las organizaciones firmantes?, ¿Nunca recibieron aportes?.
Pero el informe deja más dudas que certezas. Es muy difícil que los egresos a estas organizaciones no estén registrados, por eso se pide, y así se contesta, lo curioso es que se abonan a dos entidades que no estaban en el convenio marco y no se abonaron a muchas entidades que sí lo estaban. También se informa que no se realizó ninguna transferencia a CONIN, pero nada dice los honorarios u otros gastos que se le pudieron efectuar, no en concepto de transferencia por el tema merendero, no solo a la Institución CONIN, sino a sus “profesionales y capacitadores”. Tampoco se analiza que pasó en el año 2014, y el 2015 dice que no se transfirieron fondos, donde fue destinado lo presupuestado para esos años en el tema. Las transferencias comienzan, recién, desde el 2016, dice el informe.
De todas maneras las transferencias realizadas a esta organizaciones de los fondos que recibió el ministerio solo se destinó en promedio en estos cuatros años -1916 a 2019- el 13,18%. La mayor parte se destinó a NUTRIR. El resto del 100% recibido quedó sin analizar su destino.
Sin embargo de los dos puntos propuestos en esta pericia –no es una auditoria, ni siquiera de gestión-, se encontraron irregularidades, no menores para el caso. Se incumple la legislación aplicable: los contratos de Trabajo celebrados con estas instituciones en los años 2016 y 2017 no tienen fecha de celebración, sin embargo se autorizaron los pagos en forma previa al acto administrativo, incumpliendo con la “Etapa del Gasto”, incluso existen importes sin rendir, tampoco se analiza si las rendiciones efectuadas se encuentran correctas. . También se incumple en su control interno: No existe control en las rendiciones de cuentas de los subsidios otorgados, base para el pago posterior. Incluso en el 2016 existen pagos efectuados sin rendir, como se observa del informe realizado.
El Organismo de control
El informe firmado por el presidente del cuerpo de Auditores Dr. Gustavo Ferraris, y Lic. A. Esper, con fecha 7 de setiembre 2022, aprueban mediante resolución N° 57, el informe realizado por los Cres. J. Manjón y Cr. O. Dib Ashur, de fecha 11/8/2022, sin ninguna observación a los importes sin rendir. En definitiva una pobre auditoria –pericia-, que deja más dudas que certezas en la gestión del ex ministerio de la Primera Infancia, Cr. Abeleira, en el destino de los fondos ejecutados y sin remitir ante quien corresponda para la investigación por delitos como incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos.
Por otra parte, si se observan los informes de control de este organismo en su página web, verán que las fechas de informes que se realizan nada tienen que ver con la realidad en el tiempo de los hechos auditados o informados. En el caso el Área de Control 1 la última publicación, se realizó el 26/10/2020, para luego recién en el 2022, publicar el informe del pedido de Senado el 13/4/22 y 7/9/22, que vienen del 2020. Un organismo que tarda de dos o tres años para resolver las cuestiones de control, siempre llega tarde, por lo que debe replantearse su funcionamiento, caso contrario es inútil mantenerlo y debería modificarse la Constitución Provincial.
