Más allá de provincias penitenciadas o no, el problema crucial es la distribución de fondos que recibirán los estados provinciales durante este año, que será el más bajo de los últimos ocho años. Esto evidentemente traerá aparejado la profundización de los problemas entre el estado nacional y los estados provinciales.
Ante el fracaso de la ley ómnibus y parte del DNU70/23, da la impresión que todo estaba programado y de esta manera poner al descubierto a una casta traidora y en un plan B, avanzar sobre decisiones propias del ejecutivo. Es decir gobernar con lo que le permite la ley a través de decretos en distintos ámbitos del ejecutivo y que no son pocos.
Así en primer término, en la reducción del gasto fiscal, sabiendo que no tiene estructura política concretas en las provincias que le respondan, debe realizarlo de una manera indirecta a través de la reducción del ritmo de transferencias y subsidios a las arcas provinciales. De esta manera, el gobierno nacional, pretende que quien derrote a los mandatarios provinciales que se oponen al recorte de los gastos públicos sea la opinión pública y así lograr que las provincias acepten el plan económico que plantea para lograr el equilibrio fiscal.
De esta manera ya comenzó el desguace del dinero distribuido que al mismo tiempo que se disminuyen a las provincias aumentan las arcas nacionales con la recaudación de gravámenes no coparticipables como el impuesto a las exportaciones (retenciones) y el impuesto PAIS, que en algunos casos de buena voluntad se coparticipaba, ahora las provincias perderán tales ingresos que rondarán un 30% según las consultoras.
Lo duro es que el recorte viene dado en rubros claves, como financiar educación con el incentivo docente en nuestra provincia, la salud con diversos programas nacionales que llegan a la provincia, o vivienda en la construcción del IPV, las obras públicas y también subsidios como al transporte público, que es el último conflicto que se generó.
De esta manera en un primer momento se estimaba que la reducción de fondos a las provincias debía ser un 0.5% del PBI, alrededor de uno 950 millones, pero el fracaso de la ley ómnibus que le permitía al gobierno nacional aumentar sus recursos a través de la reversión del impuesto a las ganancias eliminado por Massa, suba de las retenciones y cambio de la fórmula jubilatoria, tuvo que salir a realizar nuevos cálculos. Es decir reemplazar por otros ajustes.
Así no queda otra alternativa que quienes deben ajustarse por el fracaso son las mismas provincias y en ese marco se estima que del 0.5% previsto inicialmente deben soportar ahora un 1%, el doble, pero según las consultoras seguirá siendo limitado. Se busca según la consultora que la distribución anual de recursos sea en total un 28% cuando en el 2023 fue del 34%.
En Salta haciendo números
Nuestra provincia es una de las castigadas, se le ha perdido confianza, por lo tanto es la que debe mejor hacer los deberes en el control de su gasto público, porque no le llegará recursos adicionales o serán mínimos.
Los fondos que recibe nuestra provincia provienen de la distribución automática que surge de la ley de coparticipación federal y las discrecionales los famosos ATN (Ayuda del Tesoro Nacional). Así en enero y febrero de este año la reducción fue drástica casi el 100% en el envío de fondos a la provincia en las discrecionales, pero también bajaron las automáticas, como caída de la propia recaudación coparticipable. Según una consultora de finanzas provinciales indica que la distribución a las provincias cayeron en las automáticas un 13.9% y en las discrecionales o no automáticas en un 97,7% en promedio.
De esta manera las finanzas provinciales deben en forma urgente realizar nuevos números, porque tendrá menor recaudación de las dos distribuciones, esto porque el gobierno nacional pondrá especial énfasis en los impuestos no coparticipables –exportación y PAIS- y segundo porque los impuestos coparticipables se verán disminuidos, en ganancias se aumenta el mínimo no imponible produciendo una reducción de contribuyentes al impuesto y seguramente una disminución en la tasa del IVA, que también incidirá.
No queda otra que comenzar a afinar la punta del lápiz para reducir los gastos en la estructura gubernamental, pensarse en reducir ministerios, reducir sueldos, eliminación de puestos de trabajos sean de planta política o no, privatización de empresas del estado provincial, equiparación de sueldos estatales suprimiendo beneficios en distintos organismos, caso contrario no existirá otra manera de encarar la falta de recursos en los próximos meses. También debe analizarse como actuará el gobierno provincial con los impuestos provinciales ¿se seguirá ejerciendo presión impositiva? y los municipios. Todo tendrá un efecto dominó.
Los problemas se avecinan a pasos agigantados, como el caso del transporte donde ya se les anunció el corte de los envíos para el subsidio al transporte, y de nada valen las quejas, ni que judicialicen el tema, se debe dar una respuesta inmediata. SAETA, es una SA deficitaria que se debe privatizar, no debe ser una empresa que genera beneficios asegurados a las empresas de transporte, estos empresarios tuvieron años de bonanzas donde se hicieron ricos o superaron sus situaciones en crisis de sus empresas, hoy es tiempo de soportar y colaborar en la solución del problema.
Hoy no basta en ser crítico de las medidas nacionales sino buscar formas en continuar las actividades del estado provincial, e imitar a otras provincias. Luego ¿es hora de cortar las pautas publicitarias y destinar a subsidios?, seguramente que sí, pero además todo análisis deberá efectuarse con datos precisos, determinando los costos reales sobre la mesa en cada área de reducción de gastos. Por lo tanto los funcionarios ya deberían estar sentados realizando nuevos números, para disminuir gastos y lograr un equilibrio fiscal y no el superávit mentiroso que muestran en el presupuesto. (LG).
