El Fondo Estímulo en su origen fue un beneficio que cobraban los empleados de la Dirección General de Rentas, un importe que hace décadas vienen cobrando los empleados y está destinado a entregarle como un premio a quienes ayudan a incentivar la recaudación de impuestos, los inspectores.
Sin embargo en el trascurso del tiempo el beneficio se fue extendiendo a otros empleados del organismo y actualmente dicho valor es para todos los empleados del organismo, y le significa un importe de otro sueldo y en algunos casos más que el sueldo.
Esto por cierto es un desequilibrio de los haberes con respecto a otros empleados de la Administración Pública que no pertenecen a la Dirección General de Rentas, y por cierto no es equitativo dado que todos son empleados de un mismo patrón el Estado.
Pero el conflicto se desató cuando desde Nación se comenzó a presionar sobre el envío de fondos y en la provincia comienzan a ver la necesidad de comenzar a ajustar en distintos sectores donde los gastos son evidentes.
Si bien existen otros gastos primarios a disminuir, el conflicto se dio en Rentas donde es evidente que el desfasaje de sueldos de los empleados con respecto al resto de la Administración Pública, y de esta manera El Fondo Estímulo como se lo llama comenzó a ser tocado.
En diciembre de 2023, se redujo el porcentaje que cobran en un 2,5% y puso tope a lo que perciben los empleados, quienes reaccionaron asegurando que se trata de una medida arbitraria en tanto el fondo y los porcentajes están establecidos por ley, con lo cual no hay resolución administrativa que pueda reducirlo de modo tal que un empleado pueda duplicar lo que percibe mensualmente.
Por ello es que desde la legislatura, siguiendo las instrucciones del ejecutivo dos diputadas – Laura Cartuccia y Patricia Hucena–, presentaron un proyecto que permitirá a la administración ahorrar más de mil millones de pesos mensuales. Los trabajadores, por su parte, se preguntan por qué deben ser ellos las variables de ajuste de ese ahorro.
“Actualmente un tope similar está vigente a partir de la ampliación que se hizo a comienzos de año de la ley de emergencia económica, lo que generó fuertes reclamos y medidas de fuerza de parte de los empleados de Rentas. Al momento en que dicha emergencia pierda vigencia, se volvería a los topes anteriores, de ahí que los diputados entendieron la necesidad de fijar el límite con una ley” destacan desde la legislatura.
Desde el Palacio Legislativo también citan los números remitidos por el Ejecutivo provincial a requerimiento de los legisladores. Los mismos dan cuenta que al mes de septiembre del 2024 el ahorro en sueldos que genera el tope fijado en enero es de 1.167.788.859 pesos mensuales. A modo de ejemplo, agregan que el sueldo de un administrativo con 16 años de antigüedad es de $ 1.035.343, con el premio cobra mensualmente 2.070.686 pesos y sin el tope la foja ascendería a casi 5 millones.
Las diputadas Cartuccia y Hucena fundamentan en los argumentos del proyecto que “a lo largo de estos años el objetivo del premio ha sido desnaturalizado. Las sumas percibidas no responden a estímulos económicos, sino por el contrario, son verdaderos montos exorbitantes que no mantienen relación de proporcionalidad. Actualmente los salarios se han incrementado desmedidamente”, fundamentan las autoras del proyecto.