La mayoría de La Libertad Avanza en la Convención Municipal no alcanzó para que su proyecto de reforma de la Carta Orgánica de Salta llegara intacto al final del trámite legislativo. El Senado provincial aprobó este jueves la iniciativa con modificaciones impulsadas por el oficialismo provincial, que defendió su intervención como un control de constitucionalidad y no como un intento de reemplazar la voluntad de los convencionales. El único voto en contra del dictamen y del proyecto en general fue el de Roque Cornejo, senador por Capital y referente libertario.
El resultado fue un revés para la estrategia libertaria. La fuerza que había conducido la Convención Municipal con mayoría propia no consiguió preservar sin cambios el texto que había sancionado. Aunque el Senado no rechazó la reforma y mantuvo buena parte de sus disposiciones, introdujo adecuaciones que los legisladores oficialistas consideraron necesarias para ajustarla a la Constitución provincial y a los límites establecidos por la ordenanza que habilitó la convocatoria.
La discusión dejó expuesta una disputa que va más allá de la letra de la norma: quién tiene la última palabra sobre el diseño institucional de la ciudad y hasta dónde puede avanzar una mayoría política cuando su propuesta debe pasar por el filtro de la Legislatura provincial. El texto aprobado fue girado a la Cámara de Diputados para su revisión.
La mayoría, en discusión
El cruce político empezó antes de la discusión de fondo. El dictamen original concentraba en un solo artículo una serie de modificaciones, derogaciones e incorporaciones. El senador por La Poma, Dani Nolasco, fue el miembro informante y propuso separar cada cambio en artículos distintos, hasta conformar un proyecto de 37 artículos más los de forma. También se planteó ordenar los nuevos capítulos a partir de la estructura vigente, que cuenta con 121 artículos y 15 capítulos.
Cornejo se opuso a las mociones y cuestionó el procedimiento. “No estamos haciendo ni chicha ni limonada”, reclamó al pedir que las modificaciones se incorporaran de acuerdo con los mecanismos legislativos previstos. Después de un cuarto intermedio, las propuestas fueron aprobadas con su voto en contra y el texto quedó reorganizado para su tratamiento artículo por artículo.
La discusión de fondo llegó con la defensa del dictamen. El senador Nolasco sostuvo que la Legislatura no estaba ante una intervención excepcional contra la Convención de Capital, sino frente a una atribución prevista en el artículo 174 de la Constitución provincial. Ese artículo establece que las cartas municipales y sus reformas necesitan aprobación por ley para su compatibilización.
“La autonomía municipal no significa soberanía” fue uno de los argumentos centrales de la defensa oficialista. Según Nolasco, la tarea del Senado consiste en verificar que las disposiciones respetaran las constituciones nacional y provincial y que los convencionales no se hayan excedido en las materias habilitadas por la ordenanza de convocatoria. Aclaró que la Legislatura no puede reemplazar discrecionalmente las decisiones de una Convención, pero tampoco renunciar al control que le asigna la Constitución.
El oficialismo saencista también cuestionó la idea de que la mayoría obtenida en las urnas habilitara a los convencionales a decidir sin límites. En ese punto, la disputa tuvo una dimensión política evidente, pues los libertarios reivindicaron el mandato electoral de la Convención, mientras el Senado defendió sus propias atribuciones para revisar el texto.
El reclamo libertario
Cornejo insistió en que la mayoría de la Convención había recibido el respaldo de los votantes para impulsar una reforma acorde con su programa. “¿La mayoría tiene que gobernar o la minoría tiene que gobernar?”, planteó, durante su intervención, un cuestionamiento directo al criterio aplicado por el Senado.
El legislador también objetó cambios puntuales que, según dijo, no estaban suficientemente fundamentados en razones constitucionales. Mencionó, entre otros, la eliminación de una limitación al personal municipal vinculada a la población de la ciudad y las modificaciones al régimen del Defensor del Pueblo. En este último caso, cuestionó que se quitara la referencia a su independencia y autonomía.
“Se convocó una reforma, pero para que todo siga igual”, denunció. Y acusó a los senadores de usar una “tijera podadora” para frenar las propuestas libertarias. Para Cornejo, la revisión no respondió solamente a cuestiones jurídicas, sino también a una disputa política por el rumbo de la ciudad.
La réplica del oficialismo fue que el voto popular no habilita a un órgano público a exceder sus competencias. Nolasco sostuvo que la comisión había preservado la mayor parte de las decisiones de la Convención y que las modificaciones respondían a observaciones jurídicas, no a preferencias partidarias. El contrapunto dejó planteado un interrogante que seguirá en la Cámara Baja: dónde termina el control de compatibilidad y dónde empieza la sustitución de las decisiones de los convencionales.
Qué quedó en el texto
La reforma introduce cambios en las atribuciones municipales, el funcionamiento del Concejo Deliberante, el presupuesto y los mecanismos de control. También incorpora nuevos capítulos sobre el Defensor del Pueblo, los derechos de las personas con discapacidad, los consumidores y usuarios, la defensa del orden constitucional y los derechos y deberes de los vecinos.
No todo el contenido impulsado por La Libertad Avanza fue descartado. Algunas de sus definiciones permanecieron en el texto aprobado. Una de ellas se refirió al presupuesto municipal, pues deberá elaborarse dentro de un marco de disciplina fiscal. La reforma también actualiza atribuciones y procedimientos administrativos y contempla la incorporación de derechos y mecanismos institucionales que no estaban organizados en capítulos propios en la Carta vigente.
Lo cierto es que la votación mostró el límite concreto de la mayoría libertaria, pues pudo conducir la Convención, pero no imponer sin modificaciones el resultado de ese proceso ante el Senado. Cornejo votó contra el dictamen y el proyecto en general, aunque acompañó los artículos que no fueron modificados por la Cámara Alta. El resto de la reforma obtuvo aprobación y ahora deberá atravesar la revisión de Diputados, donde continuará la disputa por el alcance político y jurídico del texto.(Salta12)