Por Luis Gorritti
Los funcionarios cuando generan infidelidad contra la administración de justicia más precisamente cuando por esa infidelidad producen con su actuación un abuso en su posición respecto a los justiciables, actúan con desapego de sus deberes como funcionario público.
Así distorsionan que la administración de justicia sea una protección al servicio a la ciudadanía. En consecuencia el bien jurídico protegido va mucho más allá de los propios justiciables porque afecta indefectiblemente al propio Estado de derecho.
Por cierto, que el servicio de justicia se ve lesionado cuando los jueces fallan contrario a las leyes, que de hecho generan desigualdades que se tornan arbitrarias en la tutela de administrados.
De esta manera las normas de fondo que buscan regular y tutelar la honestidad, la legalidad y la rectitud en el actuar de los jueces en su actividad de administrar justicia, deben ser aplicadas, caso contrario su consecuencia es la negación del derecho como reguladora de los hechos que nos permita poder convivir en una sociedad republicana.
Esto ocurrió hace unos días cuando la Corte de Justicia de Salta hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la provincia de Salta y de esta manera revoca la sentencia de la acción de amparo que había dictado el juez amparista inferior a favor de este periódico, resolución firmada por los jueces Dra. Sandra Bonari, Dres. Guillermo Alberto Catalano, José Gabriel Chibán, Dra. María Alejandra Gauffin, Dr. Pablo López Viñal, Dras. Teresa Ovejero Cornejo -Presidenta-, Adriana Rodríguez Faraldo y Dr. Sergio Fabián Vittar.
Del análisis de esta resolución, observamos que nos encontramos en un límite de un posible delito denominado prevaricato donde se dictó una resolución que a sabiendas es injusta, porque existen resoluciones sobre el mismo tema con fallos diferentes, con otras empresas del medio amigas del poder. De esta manera, la dictada en contra de este diario es una resolución prevaricada, donde los cortesanos hacen honor a la expresión latina de “andar torcido, oblicuo o desviado”, por lo tanto, a este nivel, la torcedura es muy grande y grave.
El máximo tribunal del sistema judicial compuesto por estos personajes es integrado por quienes fueron designados por la triada Romero, Urtubey y Sáenz, quienes en los últimos casi veinticinco años de gobierno en Salta lograron una justicia a su medida, su currículum solo registran actuaciones de haber sido empleados del Estado o la docencia, que ni siquiera deben haber concursado, nadie los merituó, en especial al cortesano López Viñal, que llega tras el enroque con Abel Cornejo, de ser Procurador a Cortesano y viceversa.
Este en el fallo en crisis, quiso individualizarse del resto y dejó ver su desconocimiento del derecho, dice que la provincia alega que el medio carece de gran audiencia, y esto no fue desvirtuado por el amparista -nuestro periódico-.
Desconociendo que en derecho quien alega un hecho debe “probarlos”, no es nuestra parte probar que nuestro diario, radio o página web no tiene audiencia, lo debe hacer quien lo asevera. Más aún hoy existe la denominada prueba dinámica en la teoría de la prueba lo realiza el que en mejor posición está para aportarla. Lamentable agregado del cortesano, que deja desnudo su conocimiento.
Es por eso que en esta estructura condicionada a un poder ejecutivo, la independencia judicial es tan solo una ilusión. De esta manera se puede observar claramente como actúa el propio sistema de la corpo judicial que es una pátina del oficialismo gobernante.
De todas maneras, esto no termina aquí, porque la independencia del poder judicial como dijimos es solo una ilusión recordando el título del libro del premio Nobel Ilya Prigogine, más aún porque a pesar de la ilusión, la diferencia entre el pasado y el futuro será tenaz.