Violencia de género, sigue con las prórrogas, nuevo dos años

La violencia de género no da tregua, por quinta vez consecutiva se prorroga la ley 7857 sobre la emergencia pública en materia social pro violencia de género en toda la provincia. En el inicio de esta norma fue en el gobierno de Urtubey por los sucesos que ocurrían en su gobierno.

Con esta prórroga de la ley, suman diez años en que está vigente esta norma, tras un decreto firmado en el gobierno anterior.

Mónica Juarez como presidenta de la Comisión Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, expresó en su intervención que la violencia de género es una realidad dolorosa y persistente que afecta a mujeres de todas las edades, orígenes y condiciones sociales. Agregó además que en Salta, «los datos son alarmantes» porque se visibilizan «datos de violencia doméstica con un número creciente de denuncias y emergencias relacionadas».

Destacó que en la provincia se continúa con una Secretaría de la Mujer, para poder delinear políticas públicas en pos de que no sigan ocurriendo estos hechos, mientras que a nivel nacional se eliminó el  Ministerio de la Mujer.

Recordó además con datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) sobre el marco del Ni Una menos, que en la provincia se registraron 12 víctimas de femicidios, de enero a diciembre de 2023. Según los datos: 7 se cometieron en Capital; 2, en Orán; 1, en Rivadavia; 1, en Rosario de la Frontera, y hubo un femicidio vincular en la localidad de Las Lajitas, en el sur provincial.

También hablaron la diputada por el departamento San Martín Gladys Paredes y la diputada Isabel De Vita, quienes hicieron referencia a la necesidad de prórroga de la ley, requiriendo política públicas y presupuesto.

Pero no todo fue color de rosas, hubo diputados que votaron en contra como el bloque del PRO, Ahora Patria, Evita conducción y conservador Popular, considerando que no es una manera de tratar el problema de una manera efectiva, que se debe dictar una nueva ley para su abordaje en general por el aumento de denuncias y la necesidad presupuestaria.