“Quedate tranquila, que no vas a pagar la multa”: le habría dicho el propio gobernador Gustavo Sáenz a Magdalena Day tras la sanción ambiental derivó en negociaciones, vínculos empresariales y una trama oficial que expone tensiones entre organismos del Estado, desarrolladores privados y funcionarios del gabinete provincial.
A pesar de este mensaje, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) ratificó este jueves la multa de $79,1 millones aplicada contra la Urbanización Vía Aurelia por irregularidades en el tratamiento de efluentes cloacales y rechazó todos los recursos administrativos presentados por el emprendimiento inmobiliario vinculado al grupo MDAY, propiedad de la empresaria Magdalena Day.
En los fundamentos de la resolución, el organismo sostiene que Vía Aurelia operó durante años un sistema de tratamiento de efluentes sin contar con las habilitaciones exigidas por la normativa provincial.
El organismo también sostiene que la planta utilizada por la urbanización presentó deficiencias operativas, incumplimientos ambientales y evidencias de saturación, incluyendo desvíos de efluentes cloacales sin tratamiento adecuado.
La controversia se inició a partir de una investigación del ENRESP sobre presuntos vuelcos cloacales al río Arenales.
De acuerdo con los informes difundidos por el organismo, las muestras obtenidas en el lugar habrían registrado niveles extremadamente elevados de contaminación bacteriológica. Saravia llegó a afirmar públicamente que el emprendimiento realizaba un «vuelco directamente cloacal y crudo» y advirtió sobre una situación de contaminación ambiental grave.
Vía Aurelia obtuvo en su momento factibilidad para conectarse a la Planta Depuradora Sur, pero una medida cautelar impide nuevas conexiones hasta tanto se complete la ampliación de esa infraestructura.
La ratificación de la multa reaviva además interrogantes sobre los vínculos entre la desarrolladora y sectores del poder político provincial, ya que Magdalena Day fue designada en 2023 por el gobernador Gustavo Sáenz como presidenta del Consejo Económico y Social de Salta, durante un acto en el que fue presentada como una referente del sector privado comprometida con el desarrollo provincial.
El curso de agua atraviesa el área metropolitana de Salta y desde hace 20 años se encuentra bajo seguimiento judicial debido a reiteradas denuncias por contaminación.
A lo largo de ese período, distintos informes señalaron la presencia de descargas cloacales, residuos urbanos e impactos derivados del crecimiento urbano sin infraestructura adecuada. La problemática incluso derivó en la intervención de la Justicia provincial mediante acciones de amparo ambiental que continúan